Lic. Viviana Cifarelli
Taller de Estudios Laborales
Buenos Aires - Argentina

Aspectos Generales

A partir del año 1989 se inició un importante proceso de privatizaciones en la Argentina.

La privatización abarcó empresas productivas y de servicios, activos públicos como las reservas petroleras, actividades de regulación y hasta de control social como la emisión de documentos de identidad.

Una de las particularidades de este proceso fue el rápido ritmo con que se llevo a cabo.

Existía un gran interés por parte de los acreedores externos para los cuales las empresas públicas eran la mejor opción para hacer efectivo una parte del capital adeudado a través de la capitalización de la deuda, abrir nuevas áreas de inversión ocupando mercados hasta ese momento abastecidos por el Estado, y consecuentemente multiplicar sus ganancias.

Cabe destacar que todo el proceso de privatización se llevó a cabo bajo la dirección técnica y financiera de los organismos financieros internacionales (FMI, BID, Banco Mundial).

Se esgrimieron cuatro tipos de argumentos en favor de las privatizaciones.

El primero tenía que ver con la necesidad de reducir el déficit fiscal. Las privatizaciones servirían para bajar ese déficit en la medida que las empresas serían entregadas como parte del pago de la deuda externa. Asimismo, el hecho de pagar parte de la deuda, daría señales favorables de cambio de rumbo a los agentes económicos y a los gobiernos de los países desarrollados, obteniendo así el apoyo de los acreedores externos y un incentivo para los grupos interesados a nivel local.

El segundo argumento, ligado íntimamente al anterior, giraba en torno de la necesidad de estabilidad. La hiperinflación sufrida durante el período que precedió a las privatizaciones fue la herramienta fundamental del gobierno para actuar de manera acelerada en este proceso. El gobierno identificaba a las empresas públicas como una de las causas fundamentales de la crisis y por eso, cuanto mas rápido se privatizara, se reduciría el déficit público y volvería la estabilidad.

En tercer lugar se argumentaba que el Estado no tenía capacidad para financiar las inversiones necesarias en tecnología para encarar las obras de modernización, con lo que el aporte del capital privado aseguraría el mejoramiento del sistema.

Por ultimo se afirmaba que el estado era incapaz para administrar con eficiencia, fomentaba la burocracia y la corrupción y en consecuencia no podía brindar buenos servicios.

Dos leyes aprobadas en el Congreso, fueron las que abrieron camino e hicieron posible el rápido programa de privatizaciones. La primera, de Reforma del Estado, autoriza al Poder Ejecutivo Nacional a intervenir las empresas públicas, suprimir los directorios existentes, eliminar los órganos de control, dividir las empresas y privatizarlas. Así se concentró el poder de decisión en el Poder Ejecutivo y se suprimieron los Organos de Control. La segunda ley, llamada de Emergencia Económica, derogó las normas que diferenciaban al capital extranjero del nacional. El camino que llevo a la entrega del patrimonio nacional quedo allanado.

Para reducir el precio de las empresas públicas y facilitar su venta las mismas fueron desmanteladas. Los nuevos marcos regulatorios fueron casi inexistentes y los requisitos impuestos a los oferentes fueron de tales que sólo quedaban espacio para que se presentaran los grandes grupos económicos nacionales y extranjeros.

Se consideraron prioritarios tres sectores: Energía, Comunicaciones y Transportes.

El primer caso de privatización fue el de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTel).

En 1990 se crearon dos sociedades anónimas a las que se le transfirieron los activos, equipos y edificios de la ENTel. Los pasivos, por 2.000 millones de dólares, quedaron dentro del presupuesto público. El 60% de las acciones se licitaron, el 30% las retuvo el Estado para ser vendidas en la bolsa y el 10% restante quedo para los trabajadores dentro de un Programa de Propiedad Participada. Esto último se hizo con el objetivo neutralizar algunas demandas sindicales y ganar el apoyo de los trabajadores.

La adjudicación se realizó finalmente a los consorcios creados entre los acreedores de la deuda externa y empresas telefónicas extranjeras.

Previo a la adjudicación estalló un gran conflicto laboral. Ante el incumplimiento por parte del gobierno de un acuerdo salarial se inició una huelga con un alto acatamiento de todo el personal que así expresaba además su rechazo a los proyectos de privatización en marcha. La huelga fue declarada ilegal, se militarizaron algunas dependencias y se produjo la cesantía en masa de los huelguistas, incluidos delegados sindicales. La lucha quedo muy aislada y finalmente se hizo insostenible continuar con la huelga. El gobierno cargó así con el costo político y económico de quebrar al sindicato antes de que asumieran los nuevos dueños.

Podemos analizar las consecuencias según cuatro grandes áreas:

Esta es la consecuencia mas evidente del proceso de privatización que tiene que ver con el pasaje de la propiedad del estado de sectores estratégicos de la economía a manos privadas. Este pasaje produjo grandes cambios estructurales en la propiedad, concentrando y consolidando la presencia de los grandes grupos económicos. Asimismo acentuó la tendencia a la asociación entre esos grandes grupos económicos locales con los grandes capitales extranjeras.

Tiene implicancias directas sobre los trabajadores.

Se perdieron los derechos que tenían como trabajadores públicos como la estabilidad en el cargo.

Se produjo una fuerte reducción de los planteles por la vía de los llamados retiros "voluntarios" para los cuales las empresas destinaron enormes sumas de dinero. Esto da cuenta de la importancia estratégica que las empresas le otorgaron a la reducción de personal. Esto fue acompañado por un proceso de sustitución del personal con mas antigüedad en la empresa cuya experiencia sindical y política no era deseada.

Cuando el retiro voluntario no era aceptado por los trabajadores convocados se iniciaba una campaña persecutoria o discriminatoria contra ellos, se los trasladaba a zonas alejadas de sus hogares o a otros sectores de trabajo con tareas desconocidas o disgustantes (para usar un termino utilizado por algunas empresas), o bien colocados en estado disponibilidad sin tarea asignada, con lo que se inducía un gran desgaste psicológico destinado a hacerlos aceptar el retiro "voluntario".

De esta manera se conseguían renuncias evitando los despidos y el costo político que ellos implicaban. El porcentaje promedio de reducción de puestos de trabajo en las principales empresas privatizadas hasta 1997 alcanza el 57%. (Ver cuadro 1 al final del documento).

En tercer lugar, el aumento del horario de trabajo y de los ritmos habituales por medio de introducción de nuevas tecnologías o simplemente imponiendo otras pautas de producción.

En cuarto lugar, se aplican nuevos y diversos contratos flexibles, por tiempo determinado, pasantías, con salarios flexibles que incluyen pagos por productividad, entre otros.

Por otra parte se da un fuerte proceso de tercerización de ciertos sectores de la producción que antes estaban integrados a la empresa, lo cual se constituye en una fuente de fragmentación y precarización del colectivo de trabajo.

Por último, las empresas privatizadas se apuraron la firma de nuevos convenios colectivos que destruyeron viejas conquistas e introdujeron nuevas formas de explotación y control del trabajo como la polivalencia.

Estas son algunas de las cuestiones que hacen a la reconversión de las empresas que afectan directamente las condiciones de trabajo, la salud y la unidad de los trabajadores.

La extranjerización de las áreas privatizadas es muy fuerte y evidente. Las telecomunicaciones quedaron en manos de capitales públicos españoles, franceses e italianos ; la distribución de gas de la Capital en manos británicas ; la generación y distribución de electricidad, capitales provenientes a su vez de la privatización de la seguridad social chilena ; la red cloacal y de agua, franceses. El escritor Eduardo Galano ironizó este proceso de desnacionalización al definir las privatizaciones como "la transacción mediante la cual el estado argentino pasa a ser propiedad del estado español".

Por un lado, las empresas públicas en nuestros países se extranjerizan, y por otro las empresas públicas de los países centrales se amplían y expanden. Según la Corporación Financiera Internacional, las 2/3 partes de las privatizaciones a nivel mundial se realizaron en América Latina.(Ver Cuadro 2 al final del documento)

En este punto lo central fue introducir el concepto de competencia en el sector. Para eso se busco eliminar la prestación monopólica del servicio creándose un mercado mayorista y otros minorista para la compra-venta del fluido. La desregulación habilita la competencia entre las empresas y lleva a una búsqueda espectacular de reducción de costos. La desesperación por reducir costos sumada a la falta de control efectivo amenaza la calidad y seguridad en la prestación del servicio eléctrico, como lamentablemente hemos podido comprobar en nuestro país. La estrategia de las empresas consistió en obtener ganancias rápidamente sin reinversión.

Las características generales del proceso de privatización en el sector eléctrico no escapan de las descriptas a nivel global, pero interesa señalar algunas particularidades.

Hasta 1992, el sector eléctrico estaba conformado por cuatro empresas nacionales y dos binacionales destinadas al aprovechamiento de los recursos hidroeléctricos. Las empresas nacionales garantizaban el 84% de la generación y eran propietarias del 100% del transporte.

En cuanto a la distribución, esta estaba a cargo de dos empresas nacionales que abastecían el 55% del consumo eléctrico nacional, veintiún empresas provinciales que abastecían el 34% y cuyo límite era el territorio provincial, y cerca de 600 cooperativas privadas que prestaban el 11% restante del servicio en áreas municipales.

Al inicio de la reforma del sistema eléctrico, las empresas se enfrentaban graves dificultades económicas y financieras por causa del endeudamiento al que habían sido empujadas por el desvío de fondos propios para cubrir gastos del presupuesto nacional y por el atraso en las tarifas. Esto derivó en una fuerte reducción de la capacidad de inversión y de mantenimiento y consecuentemente en el deterioro del desempeño técnico.

Esta situación influyó sobre el precio de venta. Como el interés del gobierno era asegurarse la presencia de inversores privados, se dejo en libertad a los oferentes para la fijación de precios. En el caso de las centrales térmicas, se tuvo en cuenta para la cotización la vida útil restante, por lo que fueron cotizadas entre un 10 y un 30% del valor de reposición. En muchos casos el valor base de la licitación no llegaba a cubrir el valor de los edificios y terrenos de la empresa.

En el caso particular de la empresa SEGBA, el gobierno absorbió la suma de 1.480 millones de dólares de deuda, transfirió 330 millones a las empresas adjudicatarias y cobró 1.294 millones por la privatización, con lo que no llegó a cubrir con ese precio ni siquiera el valor de las deudas.

A fin de asegurar rentabilidad y la competencia, la reforma del sistema se encaró en dos sentidos,

1. separando completamente los distintos procesos de la industria: Generación (producción de energía), Transporte (vinculación de la producción con el consumo), y Distribución (abastecimiento a los usuarios),
2. se procedió a la atomización de empresas definiendo unidades de negocio mínimas.

Así se vendieron las centrales térmicas , las hidroeléctricas, y las líneas de alta tensión se vendieron como unidades independientes ; las líneas de menor tensión fueron agrupadas y vendidas en unidades regionales ; y las dos empresas de distribución, pasaron, una a control provincial, y la otra (SEGBA- que abarcaba el área metropolitana de Buenos Aires), se dividió en tres unidades comerciales privadas (EDESUR, EDENOR y EDELAP).

Las tres empresas distribuidoras y las cuatro centrales térmicas del área metropolitana de Buenos Aires, quedaron en manos de capitales extranjeros en su mayor parte (ver Cuadro 3 al final del documento).

Por otra parte, si se analiza la composición de los grupos que ganaron las licitaciones, resulta evidente que la desintegración a la que apuntó la reforma, se vio deformada con la reintegración provocada por la coincidencia de los propietarios en mas de uno de los procesos de la industria eléctrica. Por ejemplo, las empresas que reúnen el 90% de las acciones privadas de la Central Térmica Costanera, reúnen a la vez el 92% del acciones de EDESUR, a pesar de la expresa prohibición de los Decretos Reglamentarios. Esto mismo se extiende al sector de transporte de alta tensión.

Esto se logró gracias a que ninguno de los grupos domina en forma total los consorcios de los que forman parte. Esto manifiesta la estrategia integral de estos grupos económicos tendiente a no quedar fuera de ninguno de los negocios altamente ventajosos. De este modo participan de todas las fases del proceso de la industria : generación térmica e hidroeléctrica, transporte y distribución. A ello se suma que varios socios participan activamente del negocio de la industria del gas y del petróleo. Esto significa que la electricidad distribuida en Buenos Aires, por ejemplo, fue generada con algún derivado de petróleo o con gas y luego transportado por las empresas de las cuales participan los mismos grupos económicos. Lo que en apariencia no es un monopolio, el predominio de los mismo grupos en todos los sectores, evidencia que sí lo es dado el grado de integración real que consiguieron.

Hay tres aspectos centrales para analizar dentro de las consecuencias de las privatizaciones sobre los usuarios:

1) Acceso al servicio

2) Tarifas

3) Calidad

Cada una de ellas, tiene íntima relación con el modo en que se realizó la reforma y los objetivos centrales a los que se apuntaba con el proceso de privatización. Hemos descripto en la parte anterior que dichos objetivos estaban centrados en privilegiar la participación de capitales extranjeros y grandes grupos económicos, así como también dar un marco de garantía a los inversores de las utilidades que generaría su participación en el sector.

Hemos visto además que la intención de promover la competencia dividiendo el proceso de la industria y creando unidades de negocio mínimas, quedó truncada en los hechos desde el momento en que la mayoría de los grupos intervinientes participan de todo el proceso.

Por otra parte, al desaparecer el sistema integrado y considerarse a la electricidad, como un producto mas del mercado sin diferenciarla con otros bienes, se descarta tanto la necesidad de satisfacción de la demanda continua como las ventajas de la producción conjunta, negando con esto el carácter estratégico de la electricidad en las sociedades modernas en que la mayor parte de las actividades de la vida cotidiana necesitan de la energía eléctrica para llevarse a cabo.

De este modo se altera el concepto de servicio público existente hasta la privatización, considerando sólo la distribución y el transporte como servicio público, quedando excluida de este concepto la generación que se considera de interés general. Esto significa que si al generador le resulta antieconómica su empresa puede cerrarla sin que el Estado tenga la obligación de intervenir aunque las consecuencias para los usuarios pueda llegar a ser la falta de suministro.

Asimismo cabe destacar que no se exigieron inversiones forzosas a los grupos adquirentes, solo se les exigía la prestación de un servicio de calidad.

Por otra parte, del análisis del marco regulatorio del sector, surge claramente que los únicos actores reconocidos dentro del mercado eléctrico son los transportadores, generadores, distribuidores y grandes usuarios, con lo cual los pequeños usuarios industriales, familiares o comerciales quedan excluidos.

Tomando en cuenta estos aspectos, podemos decir que la privatización tuvo efectos negativos para los usuario en los tres aspectos señalados.

Respecto al acceso al sistema, la primera medida que tomaron las empresas fue el corte del suministro en forma indiscriminada a las villas de emergencia y barrios pobres que estaban "enganchados" a la red., para reducir las pérdidas en las redes de distribución. El acceso al sistema queda restringido a la posibilidad de pagarlo. El precio de la energía en el mercado mayorista gira alrededor de los 0,03 centavos de dólar el Kw., mientras que los pequeños consumidores abonan entre 0,10 y 0.15 centavos.

En relación a las tarifas se produjo un aumento en el precio del bajo consumo y una baja en el precio del alto consumo. Los consumidores residenciales pagan tarifas mas altas que los grandes usuarios ya que estos últimos tienen acceso directo a comprar en el mercado mayorista.

Por último, respecto de la calidad del servicio, no se registraron mejoras en la atención al cliente y el apagón en la Ciudad de Buenos Aires nos muestra que no se presta un servicio de calidad.

Reducción de Personal: Se produjo una fuerte reducción de personal. En las empresas de distribución la reducción alcanzó al 30% del personal, en las centrales térmicas superó el 45% y en el área del transporte fue cercana al 25%.

En algunas centrales hidroeléctricas, como la del Chocón, el impacto fue aún mayor, porque a la pérdida del empleo hay que agregarle que los trabajadores debieron entregar las viviendas que ocupaban.

La reducción del personal se basó en el sistema de Retiros Voluntarios a los cuales muchas veces se inducía a los trabajadores a tomarlo con acciones persecutorias o discriminatorias.

Tercerización: El proceso de tercerización de varios sectores de la producción permitió a las empresas reducir los costos laborales y debilitar la unidad de los trabajadores. Los trabajadores contratados en estas empresas son generalmente trabajadores precarios, con condiciones de trabajo mucho mas desfavorables y salarios menores.

Programas de Propiedad Participada: Otro aspecto que fue importante en el sector fue el tema de la aplicación de los Programas de Propiedad Participada. El gobierno reservó el 10 % de todas las unidades de negocio privatizadas para ser adquiridas por los trabajadores de las empresas. En el caso de las Centrales Térmicas e Hidroeléctricas reservó el 2%. Dichos programas intentaron por un lado contener las resistencias de los trabajadores y sus organizaciones a las privatizaciones y por otra parte formaba parte de una estrategia de cooptación de los trabajadores, (ahora "adquirentes"), para obtener de ellos mayor colaboración en los procesos productivos con el propósito de asegurarse el aumento de la productividad.

La Federación sindical-patronal: la federación que nuclea a los sindicatos de la electricidad licitó y ganó tres centrales térmicas (Litoral, Noroeste y Patagónica) y el transporte del Noreste y Noroeste. En algunos casos para la adjudicación capitalizó las deudas sindicales que las unidades de negocio mantenían con ella.

Convenios Colectivos de Trabajo por Empresa: Los nuevos convenios de empresa avanzan en condiciones flexibles de trabajo. La jornada de trabajo quedó establecida en 41,5 horas semanales en turnos rotativos aplicando la Flexibilidad horaria. Se acepto la polivalencia y se destruyo el sistema de categorías fijándose 6 categorías que absorben las doce que establecía el Convenio anterior de las dos distribuidoras.

Se fija el salario básico entre 500 dólares y 780 dólares y se establecen adicionales por productividad que se medirán de acuerdo al rendimiento de la empresa, del sector y del trabajador. Además se bonifica el trabajo nocturno con un 15 %, con lo cual se avanza en la Flexibilidad salarial, tendiéndose a la disminución del costo salarial por el no pago de horas extras.

Se establece un período de prueba para los trabajadores nuevos de hasta 6 meses sin aportes jubilatorios y sin derecho a indemnización en caso de despido, avanzando de este modo en la Flexibilidad Contractual. Dentro de esto mismo, se habilita a la empresa a contratar hasta un 20% del plantel total, con contratos de tres meses renovables hasta dos años. Este tipo de contratos se está extendiendo dentro de la actividad al resto de las empresas.

Resulta importante incluir algunos antecedentes respecto de la calidad del servicio brindado por la empresa antes del apagón.

Según datos oficiales mas del 50% de los reclamos realizados por usuarios ante el ENRE están dirigidos a EDESUR, de los cuales la mayor parte se realizaban por falta de suministro.

En 1993 el Gobierno de la Ciudad publicó una lista de sanciones a las empresas de servicios públicos por roturas en la vía pública, excavaciones realizadas sin permiso, obstrucción de vereda y falta de señalización adecuada de las obras. El primer puesto lo ocupaba la empresa EDESUR. En junio del mismo año varias escuelas del Gran Buenos Aires, debieron suspender las clases como consecuencia del corte de suministro que Edesur había ordenado por falta de pago. Posteriormente se constató que la deuda era mucho menor al importe reclamado ya que la mayor parte de las facturas reclamadas estaban abonadas. Edesur culpó al sistema de pagos burocrático de los organismos oficiales.

En diciembre de 1994 un ingeniero que regresaba de su trabajo, cayó en un pozo abierto por una contratista de Edesur sobre una avenida de importante tránsito de la ciudad. Muerte por electrocución. Edesur no cumplió con las normas elementales de seguridad.

Apenas iniciado el año 1995, dos obreros de una empresa contratista de Edesur que estaban trabajando en la reparación de un cable de la red en pleno centro financiero de la ciudad de Buenos Aires, sufrieron una descarga de 13.000 kw lo que les provocó graves quemaduras. Edesur destacó que se trató de un error humano.

En 1996 vecinos del barrio de Ezeiza, se opusieron a la instalación de una torre de alta tensión de Edesur que se situaba a 10 metros de una escuela primaria, solicitando el alejamiento de la misma. En medio de las negociaciones, la empresa cortaba el suministro de luz a los vecinos entre las 18,30 y las 23,00 horas.

En mayo de 1998, una joven de 22 años murió inmediatamente al atender el teléfono de su casa y recibir una descarga eléctrica de 13.200 voltios. Tanto Edesur como Telefónica negaron cualquier tipo de vinculación con el accidente alegando que "por las líneas telefónicas no circula corriente".

En la madrugada del 15 de febrero se produce un incendio en la Subestación Transformadora Azopardo a raíz de un cortocircuito en un empalme de cables de alta tensión que deja sin luz a 250.000 familias en los días mas calurosos del año. El corte se prolongó por 11 días.

Los informes respecto de las causas, que se fueron dando a conocer con mucha demora, indican trabajos de empalme de la red existente con la nueva dentro del túnel de cables por la posibilidad de fallas que puedan afectar las instalaciones preexistentes. Esto regía como norma en la empresa estatal Segba. Edesur respondió que habían desestimado ese riesgo. Se comprobó con datos brindados por expertos en el tema que el hecho de haberlo realizado fuera del túnel hubiera ocasionado un incremento de 1.000.000 de U$S en el costo de ejecución.

En segundo lugar no se realizaron las pruebas de los cables a empalmar con el nivel de tensión especificados en las reglamentaciones obligatorias. Si se hubieran realizado las pruebas de tensión adecuadas se hubieran detectado las fallas a tiempo. En tercer lugar, no existían los elementos de prevención de incendios en el túnel. Si el túnel hubiera sido llenado con arena se evitaba que el incendio iniciado en un empalme, se expanda hacia la línea de alimentación alternativa. Asimismo no había extinguidores fijos ni móviles, no había o no funcionaron los sistemas de detección de fuego o humo.

Sumado a ello, no había personal que supervisara el buen funcionamiento de la instalación recientemente energizada.

Por otro lado, no mantuvo la subestación anterior hasta asegurarse de que la nueva planta funcione.

Por último, y ya en medio del corte, demoró la solución porque se insistió en realizar la reconexión en el lugar del siniestro.

El apagón fue consecuencia de dos cuestiones centrales:

La primera tiene que ver con una estrategia de la empresa tendiente a la reducción de costos y al aumento acelerado de sus ganancias en detrimento de la calidad del servicio y la seguridad de trabajadores y usuarios :

• Intenso proceso de tercerización.
• Reducción de personal y el desmantelamiento de los planteles profesionales estables y experimentados con que contaba el servicio al momento de la privatización.
• Falta de inversión en sistemas de seguridad.
• Ahorro de costos en el diseño y planificación de las obras.

La segunda cuestión tiene que ver con el poder y el desempeño de los entes estatales de control que no cumplieron con su función.

Elaborado por el Taller de Estudios Laborales en base a diversas fuentes. Informe presentado en Seminario sobre Reforma del Sector Energético en el Mercosur. Instituto Cuesta Duarte - PIT -CNT, Montevideo, 1997.

Fuente : Subsecretaría de Privatizaciones de Argentina.

 
Cuadro 3 :

Fuente : Pries Cono Sur