Por Constanza Moreira.

A sólo cinco días de la veda, los uruguayos vamos cerrando una etapa crucial de la elección. Varias cosas se decidirán en esta instancia, aunque la preocupación principal se centre en si el FA gana o no en primera vuelta, y por eso el paisaje se pintó en estos días de rojo, azul y blanco, como no lo había hecho en meses.

Claro que esto parece definitorio, aunque no lo sea. Si el FA no gana en primera vuelta, lo hará en segunda. Pero en cambio para todas otras instancias el veinticinco de octubre, se cierran algunas cosas, definitivamente, y al hacerlo, se abren instancias que podrían cambiar aspectos muy decisivos de la vida política del país.

El próximo 25 de octubre los uruguayos decidirán por la anulación de la Ley de Caducidad. Será una instancia decisiva, y difícil. La sola existencia de una papeleta por la anulación, la papeleta rosada, y la inexistencia de una papeleta contraria, deja a muchos electores sin saber, siquiera, que este plebiscito se está llevando a cabo. Cerca de un veinte por ciento de los uruguayos, no saben a ciencia cierta, que de no votar en esta instancia, es como si lo hicieran en contra. La campaña por la anulación de la Ley de Caducidad quedó enteramente a cargo de la Coordinadora, y aunque el propio Frente Amplio ayudó, no existió una política desde la Corte Electoral, por ejemplo, de realizar una campaña de información a toda la ciudadanía, advirtiendo sobre las otras dos instancias que se suman a la de la elección partidaria propiamente dicha. Estas y otras cosas hicieron que para una parte de los electores, especialmente los blancos y los colorados, la instancia del plebiscito ­al no unirse a las listas partidarias­, no quede del todo clara. Los frenteamplistas ensobrarán, claro está, en todas sus listas, pero los electores blancos y colorados que podrían apoyar la ley (y las encuestas indican que estos porcentajes están entre la quinta y la tercera parte de los mismos), quedarán a la dependencia de su propio esfuerzo de informarse y habérselas con la papeleta rosada. Aunque habrá una declaración de inconstitucionalidad de la ley a pocos días antes de la elección, lo que demuestra los innegables avances que estamos experimentando a éste respecto, sólo con la anulación de la Ley de Caducidad, el Uruguay podrá terminar esa suerte de transición incompleta, que nos dejó el “cambio en paz” del Dr. Sanguinetti, establecido a la salida de la dictadura.

También el domingo 25 de octubre, se dirimirá la posibilidad de que los uruguayos que viven en el exterior puedan votar desde sus lugares de origen, sin tener que trasladarse a hacerlo al Uruguay. Más de cuatro proyectos de ley se presentaron al parlamento en los últimos veinticinco años, sin que ninguno haya conquistado las mayorías requeridas para su aprobación, que son mayorías especiales, porque requieren una modificación de las leyes electorales (aunque según algunas bibliotecas, como la de ­en su momento­ Gross Spiell, no es una modificación de una ley electoral, sino una reglamentación de un derecho que ya existe). Los blancos y los colorados se han opuesto sistemáticamente a la reglamentación de este derecho, que ­vale la pena aclarar­ es un derecho que ya existe, en la medida que los uruguayos que viven en el exterior no pierden por ello el derecho a votar, sino que tienen que viajar para hacerlo efectivo. Aquellos que viven cerca, o tienen mayores recursos, están en mejores circunstancias de ejercer el derecho que los que viven lejos, o no tienen recursos para viajar, y éste es un argumento contundente para estar a favor de este proyecto: los derechos no deben ser sólo iguales en el papel, también la posibilidad de que sean efectivos tienen que ser iguales para todas las personas. La oposición al voto epistolar (o en su momento consular) ha provenido del hecho de que blancos y colorados han entendido que estos votos, sólo beneficiarían al Frente Amplio. Al hacerlo, confunden una cuestión de derecho, con una cuestión político­partidaria. No importa a quién beneficien esos votos: los derechos deben ser iguales y efectivos para todos, independientemente de a quién beneficien. Pero la larga historia de este país no ha estado exenta de cuestiones similares a esto: los derechos se otorgan o no inhiben, dependiendo de cálculos político-partidarios de momento. Y vale la pena recordar que sobre la despenalización del aborto, algún político, en algún momento esgrimió que dado el acuerdo electoral que lo unía con un partido “confesional” (religioso, como la Unión Cívica), no podía acompañar la iniciativa. Nuevamente, estrategias político­partidarias de momento, imponen un freno a la expansión de los derechos de las personas.

La tercera cosa que se decide el 25 de octubre, y no en ningún otro momento, es la conformación del Parlamento uruguayo. Aquí lo más importante es si el Frente Amplio tendrá o no la mayoría parlamentaria. Los números indican que esto es más que probable. Las mayorías parlamentarias se obtendrían con porcentajes superiores al 48% de los votos emitidos (que son todos los votos, incluyendo los votos en blanco y anulados). Aún en la hipótesis más conservadora, el Frente Amplio estaría peligrosamente cerca a la obtención de la mayoría parlamentaria. Si así sucede, el escenario que se le presenta a todos los partidos de la oposición sería, como mínimo, de un alto riesgo, porque ¿quién podría gobernar un país donde la mayoría de los votos están en las manos de un partido, sino este mismo partido? El cálculo que a menudo se hace de que todos los votos de los otros sumados, podrían empatar, o superar la votación del Frente Amplio, no oculta una verdad elemental: son “todos los otros sumados”, es decir, que no son votos de ningún partido, de ninguna fuerza organizada detrás de un programa coherente. Son una suma de voluntades “contra el FA”. Y aún cuando esta suma pueda ser considerable, eso no le da unidad, sentido ni proyecto.

Por ahora, el único proyecto que está en juego, y sigue en juego, es el proyecto del Frente Amplio, y es por eso que las dos iniciativas de reforma constitucional, también vienen de la mano de la voluntad política de la izquierda. Aunque mucho se pueda criticar de ésta o aquélla medida, todo lo que se discute hoy, desde la reforma tributaria, hasta el Plan Ceibal, es obra del Frente Amplio. Se puede estar a favor o en contra, pero es el único proyecto que está sobre la mesa, articulado detrás de una fuerza política, sostenido por un programa, votado y debatido en interminables discusiones y asambleas, que harían morir de cansancio hasta el más persistente de los políticos tradicionales. La política laboral (no sólo los Consejos de Salarios, sino la ley de las ocho horas para los peones rurales, la ley de las trabajadoras domésticas, las leyes de defensa de los derechos sindicales, y el aumento del salario mínimo), es patrimonio de las políticas de la izquierda. Y también lo son las políticas relativas a los derechos humanos. Y las de ampliación de la cobertura en salud. Y las relativas a los más pobres (Plan de Emergencia primero, Plan de Equidad después). Y hasta las debatidas políticas de igualdad de género: desde el Plan de Oportunidades, hasta la despenalización del aborto (que fue una iniciativa votada, salvo excepciones, por la bancada del Frente Amplio).

Sí, lo que está el 25 en cuestión, es ese programa del Frente Amplio, es esa estrategia, ese proyecto, y esa alternativa para el futuro del Uruguay en los próximos cinco años. No hay otro proyecto equivalente en juego. Hay una resistencia a este proyecto, sí, pero no un proyecto alternativo. Y ello se expresa claramente en los números: una mayoría ­muy ajustada­ de un lado, y varias minorías del otro.

En la calle, los símbolos y gestos de la campaña lo dicen. El que más moviliza es el FA, las banderas son casi siempre del FA: y son esas sus enormes caravanas, como las del domingo, transformadas en fiesta, y sus actos, y sus extensas oratorias. Eso es lo que está en juego el domingo, no otra cosa. Y los uruguayos, sabrán claramente lo que están eligiendo.